El 6 de diciembre de 2023 marcó un hito en la lucha contra el fraude fiscal en España tras la promulgación del Real Decreto 1007/2023, también conocido como Reglamento VeriFactu. Esta nueva normativa, que entrará en vigor en 2026 (1 de enero para empresas que facturan menos de 6 millones de euros anuales y 1 de julio para autónomos), supondrá una gran transformación para los sistemas de facturación al exigir la implantación de herramientas para la emisión de facturas verificables. Pero, ¿qué significa esto para empresas y autónomos? Te contamos cómo VeriFactu revolucionará la facturación, garantizando la integridad y trazabilidad de las transacciones y facilitando una gestión administrativa más eficiente y segura.
El Reglamento VeriFactu se presenta como una medida contundente para luchar contra el fraude y la evasión fiscal en nuestro país. En concreto, este reglamento busca garantizar la autenticidad de las transacciones comerciales mediante la implantación de sistemas de facturación electrónica verificables. En otras palabras, establece los estándares y requisitos que deben cumplir las facturas emitidas por empresas y autónomos para ser consideradas válidas ante la ley.
Una de las principales características que definen a esta normativa es la obligatoriedad de utilizar sistemas de emisión de facturas electrónicas que incorporen mecanismos de verificación en tiempo real. Esto significa que las facturas deben generarse y transmitirse a través de plataformas específicas que garanticen su validez y, sobre todo, su autenticidad, de forma instantánea, permitiendo a la administración tributaria contrastar la información al instante.
Beneficios e implicaciones para las empresas
En cuanto a las implicaciones de su entrada en vigor, la primera y más obvia es la implantación de sistemas compatibles con VeriFactu. Esto puede requerir la actualización o adopción de nuevas tecnologías y software que cumplan con los estándares establecidos por el reglamento, algo que a priori puede suponer un inconveniente. Además, las empresas tendrán que asegurarse de que sus procesos internos están alineados con los requisitos de la ley, lo que puede implicar cambios en los procedimientos de facturación y gestión administrativa.
Sin embargo, más allá de requisitos, obligaciones y ajustes, este reglamento también ofrece una serie de beneficios para todos aquellos a los que va dirigida su aplicación. En primer lugar, garantiza la integridad y autenticidad de las transacciones comerciales, reduciendo el riesgo de fraude y evasión fiscal. Mediante la utilización de sistemas de facturación verificables, establece un registro digital inalterable de todas las transacciones comerciales, facilitando la detección y prevención de irregularidades.
También promueve una mayor eficiencia en la gestión administrativa y contable. Al eliminar el papel y los procesos manuales asociados a la facturación tradicional, se agiliza el papeleo y se reducen los errores humanos. Las facturas electrónicas verificables pueden procesarse de forma automatizada, lo que permite a las empresas ahorrar tiempo y recursos en tareas administrativas repetitivas.
Otro aspecto importante del Reglamento VeriFactu es su impacto en la trazabilidad de las transacciones comerciales. Al exigir la emisión de facturas electrónicas verificables, establece un sistema de seguimiento digital de todas las transacciones comerciales, desde la generación de la factura hasta su recepción y pago. Esto proporciona a las autoridades fiscales una mayor visibilidad sobre las actividades económicas, lo que facilita la detección de irregularidades y la fiscalización de las empresas.
Como se puede observar, esta normativa no sólo representa un conjunto de directrices para combatir el fraude fiscal y mejorar la transparencia en las transacciones comerciales, sino que también marca un cambio fundamental en la forma en que las empresas y los autónomos gestionan sus operaciones financieras. Al promover la adopción de sistemas de facturación electrónica verificable, VeriFactu también impulsa la modernización y digitalización de los procesos administrativos, animando a las organizaciones a adoptar tecnologías innovadoras para garantizar la integridad y legalidad de sus transacciones. Por otro lado, también representa una oportunidad para que las empresas mejoren su eficiencia operativa y su competitividad en un entorno cada vez más digitalizado y globalizado.